Por Javier Ignacio Mayorca
Los resultados de la última
encuesta mundial Gallup sobre Ley y Orden echan por tierra la catarata de
propaganda gubernamental y ponen en evidencia la realidad de una nación
acogotada por el hampa y la desconfianza hacia sus cuerpos policiales.
Hace dos semanas, unos
guardias nacionales emplazados en el terminal internacional del aeropuerto de
Maiquetía se quedaron con 20 dólares pertenecientes a una mujer que viajaba
para México. Los militares hallaron el billete durante la revisión a un
bolso que ella portaba. Percibieron que la víctima se iba definitivamente
del país, y que por ende no denunciaría el “impuesto” con el que los sargentos
estaban llenando sus bolsillos.
Días antes, un joven
estudiante de medicina que caminaba a las 6:30 am entre la Universidad Central
de Venezuela y el Metro se percató de que lo seguían. Aceleró el paso para
entrar al subterráneo, pero cuando descendía por la escalera sintió cómo lo
herían por la espalda con un objeto cortante, presumiblemente el pico de una
botella que rompieron mientras se desarrollaba la persecución.
¿Cuáles son las coincidencias
entre esta viajera venezolana y el estudiante? En primer lugar, ambas personas
fueron victimizadas en su propio país. Una, por militares uniformados y en
servicio. El otro, por delincuentes callejeros. Pero ambos fueron objeto
reciente de acciones delictuales. En segundo lugar, ninguno de ellos
acudió a los cuerpos de seguridad para formular la denuncia correspondiente.
Para las policías estos hechos, simplemente, no existieron.
Esta podría ser una de las
razones que explicarían una gran disparidad: mientras el común de los
ciudadanos percibe que la delincuencia está en permanente crecimiento, desde el
Gobierno el ministro de Relaciones Interiores y el director de la policía
judicial aseguran que el delito ha disminuido. Incluso, el ministro Reverol se
atrevió recientemente a culpar a los medios independientes por el sentimiento
de inseguridad que padecen los venezolanos.
Este debate parecía zanjado
desde 2010, cuando se conocieron (gracias a una filtración desde el propio
Ejecutivo) los resultados de una encuesta nacional de victimización y
percepción de la seguridad ciudadana, en la que más del 90% de los 20.000
entrevistados atribuyó la inseguridad a lo que viven cerca del lugar de
residencia, y no a lo que reportan o dejan de reportar los medios.
Pero han pasado más de ocho
años desde entonces, y el Gobierno -como sabemos- juega al olvido. La pregunta
clave continúa sobre la mesa: ¿esta creciente inseguridad obedece a una
situación objetiva?
Ahora, la respuesta viene de
una afamada encuestadora internacional. En la primera semana de junio, Gallup
Inc. dio a conocer los resultados de su último estudio mundial sobre Ley y
Orden. Al igual que en las ediciones anteriores, el sondeo consistió en cuatro
preguntas, formuladas a 148.000 personas en 142 países. Las dos primeras miden
aspectos netamente subjetivos (confianza en las policías y el sentimiento de
seguridad al caminar en las calles de noche). Las otras dos, la
victimización, tanto la sufrida en forma directa como la que pudieron padecer
los miembros del círculo familiar más próximo durante los últimos doce meses.
En el caso venezolano, 42% de
los encuestados declaró haber sido víctima de un robo o un hurto de sus
propiedades durante el último año. En la encuesta anterior, el resultado fue de
38%. Esto ubica a Venezuela en el cuarto lugar del planeta en cuanto a la
victimización de los ciudadanos en delitos contra la propiedad. Los
primeros tres países son Sudán del Sur (50%), Uganda (49%) y Afganistán (46%).
Entonces, un creciente número
de ciudadanos del país reconoce que el hampa se ha apoderado de sus
pertenencias o de las de su círculo familiar. Más de cuatro personas de cada
diez. De continuar a este ritmo, en apenas dos años y medio todos los
venezolanos habremos sido víctima de algún delito contra la propiedad, y
algunos, incluso más de una vez.
Pero el Gobierno insiste en
que la criminalidad está en baja. Lo dicen ahora, como lo dijeron en 2017.
Algunos funcionarios, incluso, han mostrado porcentajes. En diciembre pasado,
por ejemplo, Reverol sostuvo que la delincuencia había mermado 20,9% en
promedio, y que los robos disminuyeron 18,7% con respecto a 2016. En ese
mismo lapso, la encuesta Gallup refleja un 10% de incremento.
Como se puede colegir a
propósito de los ejemplos citados al inicio, ocurre que Venezuela en la
actualidad tiene unos cuerpos de seguridad que andan a ciegas. No conocen todos
los delitos, y tampoco quieren conocerlos. Según el estudio mundial, Venezuela
fue por segundo año consecutivo el país cuyos ciudadanos expresaron los menores
niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Solo el 24%. En otros
términos, el 76% de los habitantes del país confía poco o nada en las policías
y en los militares. Este sentimiento se traduce en hechos concretos, pues
rara vez la gente va a informar que ha sido víctima de un hecho delictivo.
Menos aún si es un guardia nacional quien se queda con los dólares, o si el
secuestro lo cometen oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El otro punto que se debe
considerar como base para esta desconfianza tiene que ver con el alineamiento
ideológico de los cuerpos de seguridad nacionales. Ya lo decía el
criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, miembro de la extinta Conarepol: una policía
no puede declararse socialista, bolivariana ni revolucionaria, puesto que al
hacerlo está marginando automáticamente a la porción del país que no comulga
con tales caracterizaciones. Y en este caso, hablamos de la gran mayoría
de los venezolanos.
Alta victimización y una
desconfianza mayor aún hacia los cuerpos policiales: la mezcla que hace de
Venezuela hoy día el país más inseguro.
Retomar la confianza en los
cuerpos de seguridad no será una tarea fácil. Mucho menos si los jerarcas de
tales instituciones se declaran “revolucionarios”, antes que fieles cumplidores
de la ley.
Breves
*Un peligroso cuadro de
impunidad se está configurando en torno al mentado plan Ubica tu casa,
cuya existencia no ha sido desmentida por el Ejecutivo, a pesar de las
solicitudes que al respecto ha formulado la Cámara Inmobiliaria. En primer
lugar, hay comandos de zona de la Guardia Nacional que se han negado a afrontar
este delito en el interior del país, con el argumento de que no disponen
de una orden judicial. Y son muy pocos los jueces del país que actualmente
tienen el coraje de ordenar el desalojo de una vivienda invadida, pues perciben
que eso va contra la línea del Gobierno. En esta misma onda se inscribió
recientemente el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, quien
ordenó que bajo ninguna circunstancia los agentes de ese cuerpo podían
participar en desalojos. El argumento es que Cicpc es una policía de
investigación, cuyos recursos no pueden ser distraídos en estas actividades,
que formalmente competen a cuerpos preventivos. Pero esa explicación no es
convincente. La policía judicial, de hecho, destina importantes recursos a
otras tareas que sí corresponden a policías estatales o municipales, e incluso
a la PNB, como por ejemplo la vigilancia de mercados populares o el patrullaje
en determinadas zonas de la capital, para lo cual han dispuesto a grupos de
agentes de las divisiones contra Robos y de la brigada contra Bandas, por citar
algunas. La invasión de propiedades es, además, un delito en el que las
condiciones de flagrancia son evidentes. Por ende, cualquier cuerpo de
seguridad tendría la potestad y la obligación de reprimirla y de reponer la
legalidad cuanto antes. Esto, desde luego, lo saben el director de Cicpc y
los comandantes de la Guardia Nacional.
*En el Gobierno aún no toman
una decisión con respecto a los funcionarios policiales y militares que no
votaron en las presidenciales del 20 de mayo. Parece que los niveles de
abstención en tales instituciones rebasaron cualquier cálculo previo. En las
policías y los componentes castrenses elaboraron informes con los grados,
números de cédula y nombres de los efectivos que no ejercieron este derecho.
Por ejemplo, en la dirección de custodia diplomática de la Policía Nacional se
abstuvo el 50% del pie de fuerza. En la región Los Llanos identificaron a 77
uniformados que no acudieron a las urnas. Todo apuntaba a que harían una nueva
lista Tascón. Los informes se inscriben dentro de lo que llamaron Sistema de
Seguimiento del Derecho al Voto. Pero hasta el momento no se ha notificado qué
sucederá. Una fuente consultada indicó que, debido a la magnitud de la
abstención, es poco probable que haya una purga masiva en lo inmediato. Pero sí
se tomaría esta información como un factor para decidir, por ejemplo, los
ascensos y las promociones a los puestos de mayor importancia en las
instituciones. De manera que los abstencionistas quedarían rezagados y,
hasta cierto punto, serían execrados.
*Otra institución que afronta
serios problemas para el mantenimiento de sus contingentes es la Fuerza Armada.
En el estado Apure, por ejemplo, son los ganaderos los que pagan -generalmente
en especias- la comida de los militares que custodiarán sus predios. De lo
contrario, quedarán a merced de los guerrilleros y miembros de bandas
criminales. Pero esto no solo ocurre en lugares apartados del país. La primera
semana de junio, la gerencia de una conocida beneficiadora de pollos en el
municipio Plaza del estado Miranda recibió una solicitud escrita de la Guardia
Nacional en el sentido de que les donen veinte pollos “para el consumo diario
del personal militar”. El oficio firmado por un mayor del componente no explica
si la mercancía debería entregarse diariamente o como aporte único. Todo esto
habla de un deterioro acelerado a lo interno de la FAN, lo que desde luego
ocasiona que los jóvenes ya no vean la carrera militar como una vía para
asegurar su futuro. El déficit en el pie de fuerza de la FAN ha obligado
al Gobierno a aplicar tácticas inusuales para la captación de personal. En la
última semana de mayo, por ejemplo, enviaron un mensaje de texto a todos los
suscriptores de un servicio de telefonía celular para exhortar a la gente a
alistarse “en la unidad militar más cercana”, si tienen hasta 30 años de edad.
14-06-18
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