Américo Martín 13 de agosto de 2018
La
inmunidad parlamentaria se ha perfeccionado desde el 19 de abril de 1810, que
empalmó con el primer parlamento de España, redactor de la Constitución de
Cádiz. Aquella institución peninsular consagró la inviolabilidad de la
“persona” de los diputados con argumentos que emplearán todas las Leyes
Fundamentales liberal-democráticas para referirla a “los votos y opiniones” de
los integrantes del Poder Legislativo. Sin semejante garantía, el Legislativo
será esclavizado por el Ejecutivo. Sin Congreso autónomo no quedan vestigios de
autonomía, democracia o libertad.
La
inmunidad parlamentaria venezolana fue sometida a suplicio desde la amplia
victoria de la oposición en las elecciones de 2015. Son grotescas las causas
invocadas por el gobierno para despojar de ella y de su libertad personal a los
diputados Requesens y Borges. A falta de argumentos, voceros oficialistas van a
las comparaciones y específicamente a la detención de diputados de izquierda
durante estallidos bélicos como el carupanazo, el porteñazo y el cruento asalto
al tren del Encanto, universalmente condenado incluso por el MIR y dirigentes
como Pompeyo y Teodoro, quienes más tarde fundarán el MAS.
De mis
errores he dado larga cuenta pero nunca estuve ni estaré de acuerdo con la
detención de parlamentarios saltándose el procedimiento constitucional, que no
por casualidad se ha consolidado desde la fundación de las Repúblicas
hemisféricas. Estaba vigente la Constitución del 61, fruto de una confluencia
casi total del pentagrama político”
En lo
relacionado con la inmunidad parlamentaria, la del 61 y la de Hugo Chávez en
1999, coinciden en lo fundamental. El problema comienza cuando se infringen los
preceptos. El artículo 143 de la de 1961, dice:
Los
senadores y diputados gozarán de inmunidad “desde la fecha de su proclamación”…
Exactamente
lo mismo, el 200 de la de 1999:
Los
diputados y diputadas de la AN gozarán de inmunidad…. “desde su proclamación”.
No
obstante tan diáfano mandato, el régimen decidió que diputados de Amazonas no
ejercerían porque aún no se habían juramentado. Ese despojo prefiguró lo que
ahora presenciamos. Al diputado Requesens lo meten preso y a Borges lo someten
a persecución aunque la Constitución diga que de sus presuntos delitos conocerá
privativamente el TSJ “única autoridad que podrá ordenar, previa autorización
de la AN, su detención”.
No han
sido sometidos a juicio, usurpan atribuciones del TSJ y la AN, y con la
acusación inaudita de un desconocido reproducen la Inquisición, que torturaba y
mataba a partir de denuncias especiosas contra víctimas indefensas. Esa
caricatura de justicia fue barrida ideológicamente por el Iluminismo del siglo
XVIII.
Y
acogerse al “mal de muchos” invocando detenciones de parlamentarios en 1962,
olvida la diferencia básica: la izquierda había declarado la guerra y
constituido un amplísimo y eficaz dispositivo militar, en tanto que la
oposición democrática actual no se aparta de la Constitución ni empuña armas.
La guerra no justifica, claro, pero explica.
La
penosa zarandaja de que “la revolución salva para la historia”, al igual que el
lánguido “hecho en socialismo” sin discernir de qué se trata, visten la
tragedia nacional de vacío, oquedad, aire, cero, nada.
Palabras,
palabras, palabras
Américo
Martín
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