Por Anabella Abadi M.
Servicios públicos de calidad
y de amplio alcance son clave tanto para el crecimiento económico sostenible
como para el progreso socioeconómico de las poblaciones. En particular, los
servicios públicos como agua, luz y seguridad son fundamentales para garantizar
el desarrollo humano, así como la manufactura y distribución segura de bienes y
la oferta continua de servicios comerciales.
Es por esto que en la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) (resolución 41/128, 04/12/1986) se proclamó que
“el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable” y que los Estados
“garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en
cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud,
los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”
(artículos 1 y 8). De manera más particular, por ejemplo, la Asamblea General
de la ONU reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos” (resolución 64/292, 28/07/2010).
Más recientemente, en septiembre
de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda
2030 para
el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169, metaspropuestas
enfocadas en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus
dimensiones social, económica y ambiental. Entre las metas para el año 2030 se
incluyó, por ejemplo, la necesidad de garantizar el pleno acceso a los
servicios básicos, en especial a las personas pobres y vulnerables (meta 1.4).
¿Cuál es la situación actual
de los servicios públicos en Venezuela?
Según datos del Global
Competitiveness Index 2017-2018 del Foro Económico Mundial, Venezuela
tiene la décima peor infraestructura eléctrica. Sólo
en el primer trimestre de 2018, el Comité de Afectados por los Apagones –una
asociación civil que monitorea las fallas del sector en los 24 estados del
país– registró 3.550 interrupciones del servicio eléctrico entre el 1 de enero
y el 20 de marzo, cerca de 44 fallas por día. En 2017, las fallas totalizaron
18.221: casi 50 por día.
Por su parte, el Foro Económico
Mundial reconoce que Venezuela tiene el sistema policial menos confiable del
mundo. Más aún, según el 2018 Global Law and Order Report de
Gallup, apenas 17% de los residentes de Venezuela se sienten seguros
caminando en las calles de noche y sólo 24% confían en la policía.
Además, tal y
como reportó Prodavinci en su especial “Vivir sin agua”, al
menos 9,78 millones de personas (cerca de 30% de la población) vivieron bajo
racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017, siendo las parroquias
pobres las más afectadas.
No sorprende pues que el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que en el primer trimestre 2018 aumentó el número
de protestas por servicios básicos, ubicándose como la principal causa de
protestas. En apenas 13 semanas (90 días) se reportaron 748 protestas (más de 8
por día) por fallas en los servicios públicos: 325 protestas por fallas
eléctricas (25 por semana), 223 por fallas en el suministro de gas doméstico
(17 por semana) y 200 por fallas en el suministro de agua potable (15 por
semana).
Según cifras del mismo OVC, en abril 2018 se
mantuvo la tendencia: de 927 protestas registradas, 338 fueron por fallas en
los servicios públicos (11 por día): 130 por fallas en el suministro de agua
potable, 117 por fallas eléctricas y 90 por fallas en el suministro de gas
doméstico. A finales de abril las protestas le tocaron la puerta directamente
al gobierno del presidente Maduro, cuando vecinos de la parroquia Altagracia
del municipio Libertador de Caracas protestaron a las afueras del Palacio de Miraflores por
fallas en el suministro de agua.
¿Qué impacto ha tenido el
colapso de los servicios públicos en Venezuela?
Según la Encuesta Cualitativa
de Coyuntura Industrial de Conindustria (II
Trimestre 2017, últimos datos disponibles), uno de cada cuatro industriales
considera que los cortes eléctricos son uno de los principales factores que
restringen la producción nacional, teniendo un mayor impacto en las empresas
más pequeñas.
A nivel social, entre los
factores considerados para medir el Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha
(NBI), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye la
carencia de servicios básicos y la define como “hogares que presentan
inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de eliminación de excreta”.
Si a esto agregamos fallas de otros servicios, la precariedad aumenta. Según
la Encuesta
de Condiciones de Vida de 2017, un tercio de los encuestados
son pobres según NBI, siendo la mala calidad de los servicios de agua y luz el
factor de mayor impacto.
¿Un problema coyuntural o
estructural?
Resolver las fallas de los
servicios públicos requiere de recursos humanos, de capital y –sobre todo– de
tiempo y voluntad política. Las limitaciones fiscales a las que se enfrenta el
gobierno del presidente Maduro limita la cantidad de recursos que se pueden
invertir en infraestructura. Más aún, los sueldos relativamente bajos y
la inflación han hecho de los expertos un recurso cada vez menos accesible. Es
por esto que, por ejemplo, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, 18.000 profesionales y técnicos renunciaron a
la Corporación Eléctrica Nacional.
Actualmente, el gobierno
enfrenta serios problemas de gobernabilidad que en el corto plazo intentan
resolver con medidas de corte populista o con represión. Sin embargo, al no
mostrar voluntad política para comenzar a resolver de manera efectiva las
fallas de los servicios públicos, nada parece indicar que la situación
mejorará.
Hay experiencias
internacionales, como las de la recuperación del sector eléctrico en Perú, que
vale la pena revisar y considerar para la eventual recuperación de los
servicios públicos en Venezuela. Mientras tanto, no queda sino exigir
respuestas al gobierno central.
12-06-18
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