Por Provea
El Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles la 29ª
edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el que se
registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la
realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Durante 2017 Provea registró
los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, fecha en que
comenzamos la elaboración del Informe Anual. En Venezuela formalmente no hay un
conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera. La
emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad
han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado. Personas cuya
salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos, por no
recibir atención médica oportuna y adecuada, por la violencia institucional
bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso
excesivo de la fuerza y muerte por la acción de la delincuencia. Se acentuó lo
que ya desde hace dos años advertimos: que con el gobierno de Nicolás Maduro se
vivía una situación de exclusión en lo social y exclusión en lo político,
afianzando las desigualdades, aumentando la discriminación y reduciendo a su
mínima expresión el derecho a la participación en los asuntos públicos.
Se acentuó lo que ya desde
hace dos años advertimos: que con el gobierno de Nicolás Maduro se vivía una
situación de exclusión en lo social y exclusión en lo político…
Durante el período que abarca
este Informe, la población venezolana continuó viviendo el deterioro de su
calidad de vida, pero a su vez fue protagonista de la primera rebelión popular
venezolana del siglo XXI. La respuesta de Nicolás Maduro fue asumir una actitud
indolente ante el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas militares y policiales recurrir
al uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, y afianzar su dictadura
imponiendo por vía fraudulenta una asamblea nacional constituyente que
desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
A pesar de ser derrotada, la
Rebelión Popular de 2017 elevó aún más el costo político para los represores
venezolanos. La comunidad internacional aumentó la presión sobre la dictadura y
algunas iniciativas como el Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; el Informe País de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; el inicio de un procedimiento por parte de la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional por posibles crímenes de Lesa Humanidad cometidos por
la dictadura de Maduro; los informes del Secretario General de la Organización
de Estados Americanos; la conformación del Grupo de Lima, entre otras,
contribuyeron a visibilizar aún más la delicada situación de los derechos
humanos en el país y la necesidad de buscar salidas a la crisis institucional,
que permitan el retorno a la democracia y el respeto al Estado de Derecho.
La indolencia y la represión
asfixian a los derechos humanos
Entre los principales
hallazgos resaltan los referidos a la situación del derecho a la alimentación,
a la salud, vida e integridad personal.
En el primero, destacamos que
2017 inició con un balance del sistema alimentario venezolano caracterizado por
una reducción sostenida de la producción nacional, las importaciones y el
consumo de alimentos, que comenzaron a generar niveles alarmantes de
desnutrición aguda, tensión social y una afectación en todas las dimensiones de
lo social y económico.
El daño resultante de la
vulneración del derecho a la alimentación se ha registrado entre los
venezolanos en, al menos estas dimensiones: 9 de cada 10 venezolanos no puede
pagar su alimentación diaria; 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido
menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez;
aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al
día.
La emergencia causó muertes
por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios
para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y
aparición de nuevas epidemias.
Al cierre del 2017 Caritas
Venezuela reportó un aumento de 100% en las cifras de desnutrición aguda en
menores de 5 años. De los primeros registros, en noviembre del 2016, que
indicaban una desnutrición aguda grave en el 8% de los niños, se pasó a un
nivel de 16,2% con desnutrición aguda grave (moderada y severa). El 33% de los
niños, incluso recuperados, mostraron un retardo del crecimiento irreversible.
Un 52% de estas formas de desnutrición ocurre en menores de 2 años.
Lo característico del año fue
la severidad de la desnutrición y las muertes asociadas. En el 2016 las
denuncias de niños con desnutrición fueron más frecuentes, pero fue en 2017 que
se hace evidente que esta desnutrición comenzó a profundizarse hacia cuadros
muy severos y a cobrar cada vez más vidas.
En materia de derecho a la
salud, durante 2017 se hicieron patentes los estragos de una emergencia
humanitaria compleja cuyas consecuencias para el derecho a la salud fueron el
desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional, gran parte de las cuales
descansaban en un sistema de salud público que fue sometido a una larga y
sistemática destrucción. Por la emergencia se agravó más el déficit de personal
médico y de enfermería y las fallas de servicios en hospitales públicos,
comprometiendo entre 50% y 90% sus niveles operativos, lo cual mostró un
comportamiento de caída debido a la profunda desestructuración del sistema
sanitario. Provea registró 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la
salud, que representa un 98% de aumento respecto a las registradas en 2016, y
el mayor incremento ocurrido en los últimos cinco años.
La emergencia causó muertes
por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios
para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y
aparición de nuevas epidemias diseminadas en gran parte del país con 1.040
casos de Difteria y 773 de Sarampión, sumado a la mayor expansión vista de
Malaria con 400.000 casos. Frente a la emergencia, el gobierno se negó a
implementar mecanismos de asistencia y cooperación internacional y tanto las
organizaciones de salud como los gremios y sindicatos perdieron toda
comunicación con las autoridades sanitarias, debiendo salir a la calle en
protesta pacífica para exigir garantías a sus derechos.
En cuanto a la situación del
derecho a la vida, en 2017 Provea logró individualizar a un total de 397
personas víctimas de violación al derecho a la vida, cifra que de acuerdo a
nuestros registros representa un incremento de 17,80% respecto al periodo
inmediato anterior, manteniendo la variable un comportamiento ascendente por
sexto año consecutivo, con lo que consolida la tendencia al incremento que
experimenta desde 2012. Este dato marca un nuevo record en el número total de
muertes causada por la acción de cuerpos de seguridad del estado desde 1989. Es
necesario resaltar en este aspecto que el pasado 16 de noviembre de 2017, la
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de acuerdo a la
data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habrían
sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de
2017. La cifra suministrada por Ortega Díaz, indica que entre enero y junio de
2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por los cuerpos de seguridad venezolanos.
Finalmente, en materia de
derecho a la integridad personal Provea registró 7.357 casos que incluyen
torturas; tratos crueles; allanamientos ilegales; heridos y/o lesionados, y
amenazas y hostigamiento. La cifra registrada, comparada con el periodo
anterior cuando se registró un total de 1.790 casos de violaciones al derecho a
la integridad personal, representa un aumento de 411% en el número de
violaciones. Provea registró un total de 2.450 ataques a la población civil en
zonas residenciales; recintos universitarios y escolares; centros de salud y
templos religiosos, realizados por agentes de la fuerza pública y agrupaciones
paramilitares en el marco de la Rebelión Popular abril-julio, con el objetivo
de frenar la protesta popular, inhibir a los manifestantes de seguir
protestando y castigar a urbanismos y comunidades que se movilizaron contra la
dictadura. En los primeros cinco años de gestión de Nicolás Maduro (2013-2017),
el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a
30.584, un 275% más violaciones que las registradas en 14 años de gestión de su
antecesor en el poder.
Construir unidad para exigir
la renuncia del dictador
La dictadura de Nicolás Maduro
es una fábrica de pobreza y represión. El aumento del hambre y la pobreza en
2017, y su agravamiento durante 2018, ha conducido a cientos de venezolanos a
tomar las calles para exigir la satisfacción de sus necesidades en materia de
alimentación, salud y servicios públicos. La respuesta de la dictadura ha sido
la represión y la violencia, que en apenas cinco meses del año, ha cobrado la
vida de 13 venezolanos que han sido asesinados en protestas, y que ha puesto
tras las rejas a más de 700 personas por participar en manifestaciones desde el
pasado mes de noviembre. A estas personas, detenidas por exigir alimentos,
Provea las califica como los presos políticos del hambre.
Para Provea es necesario
avanzar en la construcción de un amplio movimiento unitario, que permita
articular las luchas por la democracia en Venezuela. Un movimiento donde
participe la más amplia gama de sectores democráticos comprometidos con el
rescate del país, y que exija, en las calles y de forma pacífica, la renuncia
de Nicolás Maduro, el retorno a la democracia y la plena vigencia de la Constitución
de 1999.
Fuente:
15-06-18
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