Carlos Romero Mendoza 10 de agosto de 2018
@carome31
La
Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2018, ha sido categórica al aprobar el
Acuerdo en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás Maduro
Moros en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges y en contra de
la Institucionalidad de la Asamblea Nacional[1], al advertir y concluir:
-Que
la detención ordenada del diputado Julio Borges es una acción de naturaleza
estrictamente política.
-Que
la desaparición forzada del diputado Juan Resquesens, es responsabilidad
personal de todos los funcionarios que participaron en esa detención, pero en
particular del ciudadano Nicolás Maduro, según lo establecido en el artículo 29
de la Constitución.
-Que
es inexistente la decisión de la ilegítima asamblea nacional constituyente de
allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Requesens y Borges según
los artículos 138 de la Constitución.
Reiterando nuevamente que el ciudadano Nicolás Maduro y los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia implicados, así como los miembros de la
ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente incurren en
responsabilidad penal por esa decisión de conformidad con el artículo 200 de la
Constitución.
El
Acuerdo además reitera que el régimen de Nicolás Maduro, a través de vías de
hecho amparadas por la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente,
ejecuta políticas de violación sistemática de derechos humanos que
constituyente crímenes de lesa humanidad.
El
Acuerdo hace una relación de los hechos que permiten argumentar con gran
coherencia que se trata de un nuevo caso de abuso y violación de los derechos
humanos por parte del régimen. Además,
reitera el irrespeto a la figura de la inmunidad parlamentaria y a la
competencia que la Constitución le reconoce a la Asamblea Nacional para allanar
esa inmunidad.
También
el acuerdo denuncia que el régimen intenta “disimular” la evidente
constitucionalidad de todas esas actuaciones, argumentando que la detención del
diputado Requesens fue realizada en flagrancia, lo cual, afirma la Asamblea
Nacional, es imposible, pues esa detención fue ordenada días después de los
supuestos delitos penales por los cuales se intenta enjuiciar al diputado
Requesens
El
principal Aucerdo es la solicitud de liberación inmediata del diputado Juan
Requesens y declarar inaplicable la extradición que se solicitó, por no existir
ningún allanamiento de inmunidad, pues no lo ha acordado la Asamblea Nacional
vigente y legítima.
En esa
discusión fue importante la presencia de una representación importante del
cuerpo diplomático acreditado en Caracas.
¿Los ciudadanos, los electores de Borges y de Requesens, y todos los
electores en general, tendrán algo que decir?.
La premisa es muy clara, el 333 y 350 se unen para reclamar la
inexistencia de una asamblea nacional constituyente y en consecuencia, todas
esas decisiones que han asumido como válidas, son simplemente inexistentes.
A un
año de esa constituyente, no ha logrado se reconocida puertas adentro y puertas
afuera de nuestros límites territoriales.
Nuevamente
la Asamblea Nacional se ve amenazada,
amedrentada y violentada como la expresión legítima del pueblo
democrático.
Cada
ciudadano puede tener su apreciación personal sobre la labor de la Asamblea
Nacional, pero cada Acuerdo que ha sido aprobado desde el año 2016, registra
con mucha claridad la voz del reclamo y la ruta del abuso más grotesco del
orden democrático y constitucional de quienes han pretendido imponer el
Socialismo del Siglo XXI, que a todas luces evidencia su fracaso. No podía ser de otra forma, porque no
responde a la voluntad popular amplia, plural y mayoritaria.
Requesens,
Borges y cada uno de los diputados que se han visto obligado a exiliarse, a
dejar su espacio de lucha en la Asamblea Nacional; y aquellos diputados,
quienes dando la batalla en la Asamblea Nacional, han recibido ofensas, golpes
y arriesgan su libertad e incluso hasta su vida, han demostrado con su
conducta, que están comprometidos con
ese voto popular que les da legitimidad y les otorga un mandato popular.
Ese
ejemplo nos lleva a preguntarnos como electores, ¿cuál es en estos momentos
nuestra responsabilidad?, en tal
sentido, creo que corresponde como electores, respaldar ese mandato, restaurar
con el 333 y 350 la institucionalidad de la Asamblea Nacional y no vacilar en
alzar la voz, es necesario dejar de lado las diferencias existentes sobre lo
que ha debido o no ha debido hacer la Asamblea Nacional en el pasado reciente,
pues ello nos puede distraer de la enorme responsabilidad de no permitir que
nos confisquen a una Asamblea Nacional que intentan debilitar cada vez más
desde el gobierno central.
Cada
vez que se nos pretenda reducir los espacios de libertad y convivencia
democrática, la voz de quienes se niegan a perder su condición de ciudadano
debe hacerse sentir y expresar, para ello las asambleas de ciudadanos,
sistemáticas y estratégicamente organizadas, son espacios idóneos y
concretos. No abandonemos a quienes le
delegamos el mandato de legislar y debatir los temas nacionales.
Carlos
Romero Mendoza.
@carome31
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