AFP 18 de agosto de 2016
El
gobierno venezolano ha lanzado una operación contra las panaderías para evitar
las colas que tienen lugar asiduamente.
Después
de inspeccionar 1.900 establecimientos en todo el país,
"continuaremos la supervisión (porque) llama la atención que las
habituales colas solamente se dan en Caracas, lo cual nos hace pensar que hay
intenciones políticas", ha declarado William Contreras,
Superintendente Nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, a
medios locales durante una feria alimentaria.
En
estos operativos se aplican multas a los comercios y otras sanciones como cierres
temporales si se comprueban irregularidades.
A
mediados de julio el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, delegó a los militares la fiscalización de puertos,
aeropuertos, empresas y comercios para garantizar el abastecimiento de
productos básicos.
La
escasez de alimentos y medicinas alcanza un 80%, según estimaciones de la firma Datanálisis.
Los venezolanos deben hacer interminables colas para acceder a los insumos que
aparecen a cuentagotas.
"Hay
una orden especial para hacer la distribución de la harina de trigo panadero
que está llegando desde julio en condiciones normales, que debería permitir la
estabilización del sistema", ha explicado Contreras.
Sin
embargo, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina, Juan
Crespo, ha advertido en una entrevista radiofónica que "no hay
suficiente materia prima para producir pan".
"El
Gobierno debe entender que las panaderías no son procesadoras de trigo y que el
problema es la producción", ha añadido Crespo.
Maduro cree que el sector privado es el
que genera escasez
Por su
parte, el secretario general de la plataforma opositora Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), Jesús Torrealba, ha criticado la ofensiva
gubernamental. "El Gobierno pretende esconder las colas en
las panaderías, como si se pudiera tapar el sol con un dedo", ha escrito
Torrealba en su cuenta de Twitter.
Por
otro lado, Maduro acusa al sector privado de promover una "guerra
económica" para desestabilizar a su gobierno, mediante el
sabotaje de la producción y el acaparamiento para generar escasez.
Los
empresarios niegan esos señalamientos y reclaman al gobierno un mayor acceso a
divisas para importar insumos, en medio del férreo control de cambio, vigente
desde 2003.
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